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Acusar o liberar.
La detención administrativa es un eufemismo para el encarcelamiento sin juicio. Las órdenes de detención pueden ser emitidas por seis meses, y pueden ser renovadas indefinidamente. Algunos detenidos lo han estado por años.
por Evelyn Gordon
2005-05-19 15:30:00
La Corte del Distrito de Beersheba, contempla esta semana una movida virtualmente sin precedentes, al permitir a un detenido administrativo ver la evidencia contra él. Sin embargo, aun cuando la corte de este paso audaz (su decisión está prevista para después de que este artículo sea impreso), el dictamen beneficiará a un solo detenido, Neriya Ofan. Sólo la Knesset tiene el poder de tratar ampliamente el problema —las detenciones administrativas de ciudadanos israelíes no son completamente legales.
La detención administrativa es un eufemismo para el encarcelamiento sin juicio. Las órdenes de detención pueden ser emitidas por seis meses, y pueden ser renovadas indefinidamente. Algunos detenidos lo han estado por años.
Teóricamente una orden de detención puede ser cuestionada en la corte, pero en la práctica, los detenidos no pueden hacerlo efectivo, porque las detenciones administrativas siempre están basadas en evidencia clasificada que sólo es mostrada en la corte, no a los detenidos o a sus abogados (he aquí el potencial del dictamen Ofan).
Es difícil probar, dijo, que usted no se reunió con un traficante de armas en una fecha en particular si no tiene idea que se sospecha que lo hizo.
En verdad, lo único que un detenido sabe seguro acerca de la evidencia contra él es que no justifica una acusación, de otro modo, sería archivada. Ocasionalmente los detenidos son acusados posteriormente, si evidencia adicional acumulada, pero la mayoría nunca son acusados.
En efecto, la gente generalmente es puesta bajo detención administrativa, no porque se sospeche que hayan cometido un crimen, sino por temor a que puedan cometer uno. En un dictamen típico, el Presidente de la Corte Suprema Aarón Barak apoyó en 1996 la detención de Shmuel Cytryn porque el mismo “tiene una ideología extremista y formula declaraciones extremistas, y, según la estimación del Shin Bet, aparentemente puede llegar con relativa facilidad a actos que pongan en peligro la paz”.
Por supuesto que él nunca hizo nada peor que formular declaraciones extremistas —pero pasó meses en la cárcel.
Claramente, la detención administrativa es una grave injusticia hacia los detenidos. Pero el problema va mucho más allá de la gran cantidad de israelíes puestos bajo detención administrativa cada año —porque el hecho de que hasta hablar o actuar legalmente a menudo son citados como apoyo a las órdenes de detención administrativa ejerce un efecto paralizante sobre la libertad de palabra y el derecho de protestar.
En el caso Cytryn, por ejemplo, una de las pocas partes de evidencia no clasificada que trajo el Shin Bet fue el hecho de que él en una época perteneció al Kach —en la época en que el Kach era un partido político legal. No es difícil ver como este precedente puede disuadir a los israelíes de unirse a los partidos de extrema derecha legales de hoy, o a los árabes israelíes de unirse a partidos como Balad, que escapó por poco a su descalificación en las últimas elecciones de la Knesset debido a sus opiniones extremistas.
Del mismo modo, si “declaraciones extremistas” pueden ser usadas para reforzar un caso de detención administrativa, ¿cómo sabe uno qué es y qué no es seguro decir? El simple evitar la incitación criminal es claramente insuficiente, puesto que la detención administrativa es usada precisamente cuando el sospechoso no ha cometido una ofensa de la que se lo pueda acusar.
El principal argumento presentado por los defensores de la detención administrativa es que es esencial para combatir el terrorismo. En períodos de terror masivo como los últimos cuatro años, no es un argumento trivial (aunque debatible). Pero principalmente se aplica a la detención de palestinos —que no tienen relación con el tema de la detención administrativa de israelíes, porque ningún país concede a los ciudadanos de un país enemigo con el que se está en guerra los mismos derechos que concede a sus propios ciudadanos. Por lo tanto si las detenciones administrativas de palestinos son consideradas necesarias, declarar ilegales tales detenciones para los israelíes no sentará ningún precedente problemático.
Y el hecho de que tan pocos israelíes son puestos bajo detención administrativa cada año minimiza el reclamo de que esas detenciones son vitales para la seguridad nacional. Aun en el punto álgido de la Intifada, por ejemplo, algunos árabes israelíes fueron detenidos; las herramientas de investigación criminal normales y el juicio bastaron para ocuparse de la mayoría de los israelíes sospechosos de terrorismo —y probablemente habría bastado para el resto, mientras que la detención administrativa no habría proporcionado una alternativa tan fácil y conveniente.
En realidad, las detenciones administrativas de israelíes parecen ser principalmente una respuesta y no para necesidades de seguridad, pero para la histeria nacional, la detención de Ofan, por ejemplo, siguió a meses durante los cuales la mayoría del gabinete, la Knesset y los medios estuvieron reclamando al Shin Bet que “hiciera algo” contra los activistas radicales contra la desconexión, y demandando específicamente que tales personas fueran detenidas. La mayoría de las detenciones administrativas han ocurrido durante períodos de histeria similares: los árabes israelíes fueron encarcelados en épocas de auge del terrorismo; mientras que los judíos fueron encarcelados principalmente a continuación de la masacre de Hebron llevada a cabo por Baruj Goldstein en 1994 y el asesinato de Itzjak Rabin.
Sin embargo es precisamente en tales tiempos que las defensas de la ley criminal ordinaria que tan conspicuamente faltan en las detenciones administrativas, son más necesarias —porque es en ese momento que minorías impopulares, tanto árabes israelíes como judíos de derecha, necesitan esas defensas.
La detención administrativa es una de las numerosas leyes de la época del Mandato Británico, que luego fueron adoptadas completamente por el nuevo Estado de Israel. Sin embargo un sistema pensado para sostener un dominio colonial sobre una población hostil es inapropiado para ser usado por un estado soberano contra sus propios ciudadanos.
La detención administrativa de israelíes debe ser extirpada de todos los libros de leyes. Pues como con todas las leyes injustas es mejor revocarlas tarde que nunca.
Jerusalem Post-El Reloj
La detención administrativa es un eufemismo para el encarcelamiento sin juicio. Las órdenes de detención pueden ser emitidas por seis meses, y pueden ser renovadas indefinidamente. Algunos detenidos lo han estado por años.
por Evelyn Gordon
2005-05-19 15:30:00
La Corte del Distrito de Beersheba, contempla esta semana una movida virtualmente sin precedentes, al permitir a un detenido administrativo ver la evidencia contra él. Sin embargo, aun cuando la corte de este paso audaz (su decisión está prevista para después de que este artículo sea impreso), el dictamen beneficiará a un solo detenido, Neriya Ofan. Sólo la Knesset tiene el poder de tratar ampliamente el problema —las detenciones administrativas de ciudadanos israelíes no son completamente legales.
La detención administrativa es un eufemismo para el encarcelamiento sin juicio. Las órdenes de detención pueden ser emitidas por seis meses, y pueden ser renovadas indefinidamente. Algunos detenidos lo han estado por años.
Teóricamente una orden de detención puede ser cuestionada en la corte, pero en la práctica, los detenidos no pueden hacerlo efectivo, porque las detenciones administrativas siempre están basadas en evidencia clasificada que sólo es mostrada en la corte, no a los detenidos o a sus abogados (he aquí el potencial del dictamen Ofan).
Es difícil probar, dijo, que usted no se reunió con un traficante de armas en una fecha en particular si no tiene idea que se sospecha que lo hizo.
En verdad, lo único que un detenido sabe seguro acerca de la evidencia contra él es que no justifica una acusación, de otro modo, sería archivada. Ocasionalmente los detenidos son acusados posteriormente, si evidencia adicional acumulada, pero la mayoría nunca son acusados.
En efecto, la gente generalmente es puesta bajo detención administrativa, no porque se sospeche que hayan cometido un crimen, sino por temor a que puedan cometer uno. En un dictamen típico, el Presidente de la Corte Suprema Aarón Barak apoyó en 1996 la detención de Shmuel Cytryn porque el mismo “tiene una ideología extremista y formula declaraciones extremistas, y, según la estimación del Shin Bet, aparentemente puede llegar con relativa facilidad a actos que pongan en peligro la paz”.
Por supuesto que él nunca hizo nada peor que formular declaraciones extremistas —pero pasó meses en la cárcel.
Claramente, la detención administrativa es una grave injusticia hacia los detenidos. Pero el problema va mucho más allá de la gran cantidad de israelíes puestos bajo detención administrativa cada año —porque el hecho de que hasta hablar o actuar legalmente a menudo son citados como apoyo a las órdenes de detención administrativa ejerce un efecto paralizante sobre la libertad de palabra y el derecho de protestar.
En el caso Cytryn, por ejemplo, una de las pocas partes de evidencia no clasificada que trajo el Shin Bet fue el hecho de que él en una época perteneció al Kach —en la época en que el Kach era un partido político legal. No es difícil ver como este precedente puede disuadir a los israelíes de unirse a los partidos de extrema derecha legales de hoy, o a los árabes israelíes de unirse a partidos como Balad, que escapó por poco a su descalificación en las últimas elecciones de la Knesset debido a sus opiniones extremistas.
Del mismo modo, si “declaraciones extremistas” pueden ser usadas para reforzar un caso de detención administrativa, ¿cómo sabe uno qué es y qué no es seguro decir? El simple evitar la incitación criminal es claramente insuficiente, puesto que la detención administrativa es usada precisamente cuando el sospechoso no ha cometido una ofensa de la que se lo pueda acusar.
El principal argumento presentado por los defensores de la detención administrativa es que es esencial para combatir el terrorismo. En períodos de terror masivo como los últimos cuatro años, no es un argumento trivial (aunque debatible). Pero principalmente se aplica a la detención de palestinos —que no tienen relación con el tema de la detención administrativa de israelíes, porque ningún país concede a los ciudadanos de un país enemigo con el que se está en guerra los mismos derechos que concede a sus propios ciudadanos. Por lo tanto si las detenciones administrativas de palestinos son consideradas necesarias, declarar ilegales tales detenciones para los israelíes no sentará ningún precedente problemático.
Y el hecho de que tan pocos israelíes son puestos bajo detención administrativa cada año minimiza el reclamo de que esas detenciones son vitales para la seguridad nacional. Aun en el punto álgido de la Intifada, por ejemplo, algunos árabes israelíes fueron detenidos; las herramientas de investigación criminal normales y el juicio bastaron para ocuparse de la mayoría de los israelíes sospechosos de terrorismo —y probablemente habría bastado para el resto, mientras que la detención administrativa no habría proporcionado una alternativa tan fácil y conveniente.
En realidad, las detenciones administrativas de israelíes parecen ser principalmente una respuesta y no para necesidades de seguridad, pero para la histeria nacional, la detención de Ofan, por ejemplo, siguió a meses durante los cuales la mayoría del gabinete, la Knesset y los medios estuvieron reclamando al Shin Bet que “hiciera algo” contra los activistas radicales contra la desconexión, y demandando específicamente que tales personas fueran detenidas. La mayoría de las detenciones administrativas han ocurrido durante períodos de histeria similares: los árabes israelíes fueron encarcelados en épocas de auge del terrorismo; mientras que los judíos fueron encarcelados principalmente a continuación de la masacre de Hebron llevada a cabo por Baruj Goldstein en 1994 y el asesinato de Itzjak Rabin.
Sin embargo es precisamente en tales tiempos que las defensas de la ley criminal ordinaria que tan conspicuamente faltan en las detenciones administrativas, son más necesarias —porque es en ese momento que minorías impopulares, tanto árabes israelíes como judíos de derecha, necesitan esas defensas.
La detención administrativa es una de las numerosas leyes de la época del Mandato Británico, que luego fueron adoptadas completamente por el nuevo Estado de Israel. Sin embargo un sistema pensado para sostener un dominio colonial sobre una población hostil es inapropiado para ser usado por un estado soberano contra sus propios ciudadanos.
La detención administrativa de israelíes debe ser extirpada de todos los libros de leyes. Pues como con todas las leyes injustas es mejor revocarlas tarde que nunca.
Jerusalem Post-El Reloj